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España transgénica

Vicente Carbona



España tiene el dubitativo honor de ser el único país de la UE en que se cultivan organismos genéticamente modificados a gran escala. Lo que esto significa para la biodiversidad agricultural, la salud medioambiental, y los derechos de los ciudadanos, no está del todo claro. Quizás ese sea el problema principal.

En la discusión actual sobre los transgénicos, los bandos están claramente delineados. Por un lado están grupos como Greenpeace España, la Assemblea Pagesa de Catalunya y la Plataforma Transgènics Fora!, entre otros, que denuncian “la opacidad en el mundo de la investigación, el nulo o deficiente seguimiento y control de los cultivos y de los casos de contaminación, los errores administrativos, el cultivo de variedades ilegales, los campos experimentales no autorizados, la ausencia de registros públicos y la contaminación a lo largo de toda la cadena de transporte y comercialización”.

En un reciente informe, “La Imposible Coexistencia”, ofrecen lo que dicen ser “un pormenorizado estudio en el que se demuestra que los cultivos transgénicos en España están completamente fuera de control y están causando una avalancha de casos de contaminación genética”.

En el lado opuesto están las empresas multinacionales como Monsanto, Syngenta, Dow AgroSciences, Bayer BioScience y Pioneer Hi-Bred, que defienden el uso de cultivos transgénicos y niegan la existencia de casos de contaminación. Para ellos, los cultivos transgénicos representan el progreso científico y un plus para la humanidad. Con su potencial económico y su influencia política, esta industria disfruta de inmenso poder.

La industria de transgénicos emergió en 1996, con los primeros cultivos comerciales de maíz genéticamente modificado para aumentar su resistencia a insecticidas, y soja resistente a herbicidas. Hoy, más de ocho millones de agricultores en 21 países cultivan variedades transgénicas, especialmente en Sudamérica y en Asia. Aunque los cultivos MG llegan a los 80 millones de hectáreas, no existe un sistema de monitorización global.

Según el Registro de Contaminación MG, mantenido por GeneWatch UK y Greenpeace International, sólo entre el 15 de marzo y el 24 de abril de este año se han registrado 10 incidentes de contaminación, entre ellos:

Maíz MG contamina el medio ambiente en Méjico cuando un tren se sale de los raíles durante el transporte.

Monsanto planta algodón MG de manera ilegal en Méjico.

Se denuncian dos casos de contaminación de maíz en España ocurridos en 2005 que no habían sido notificados.

Alimentos para bebés con la marca Heinz contienen arroz ilegal MG en China y Hong Kong.

En Corea, la leche de soja está contaminada con elementos MG.

En Hungría se hallan productos cárnicos enlatados que contienen soja MG.

Syngenta lleva a cabo un experimento ilegal con soja MG en Brasil (Syngenta es multada 386.000 euros).

Brotes de papaya MG distribuidos a agricultores en Hong Kong.

Soja MG encontrada en productos de tofu orgánicos y convencionales en Japón.

Peces MG hallados a la venta en tiendas de mascotas en Japón.

Frankenfood
Los alimentos genéticamente modificados entran al mercado de dos maneras: directamente, como productos para el consumo humano; e indirectamente, como pienso para el ganado cuya carne luego es consumida por las personas. Los grupos que se oponen al uso de productos transgénicos los asemejan al monstruo de Mary Shelley, aludiendo a lo que consideran la osadía de empresarios y científicos empeñados en lucrarse sin considerar seriamente las posibles consecuencias.

Según ellos, la historia de Organismos Modificados Genéticamente (OMG) en España está marcada por una serie de errores, o peor, por parte de los gobiernos del PP y PSOE. Desde 1998, año en que se permitió en España por primera vez el cultivo de 16 variedades de maíz modificado genéticamente (y curiosamente el mismo año en que la UE impuso su moratoria no-oficial de seis años contra los OMGs), la superficie total ha pasado a unas 60.000 hectáreas. Aragón es la región con mayor cultivo de transgénicos, seguida por Cataluña.

Al mismo tiempo, Cataluña se ha convertido en el principal núcleo de experimentación con OMGs, ya que en los últimos cuatro años, más de la mitad de los cultivos experimentales realizados en España se ha llevado a cabo en esta comunidad autónoma.

La lista de quejas expuestas por Greenpeace al gobierno español es significativa y alarmante. Entre ellas:

Delegó el diseño y la ejecución de los planes de seguimiento y control de estas variedades en las empresas que las venden, desatendiendo su obligación de velar por la protección de la salud pública y el medio ambiente vigilando los impactos de estos cultivos.

Denegó a la sociedad civil información sobre los mismos.

Permitió su cultivo en España sin ninguna medida que garantizase la transparencia y la información pública.

Transpuso a la baja la directiva de la UE sobre la liberación voluntaria de OMG al medio ambiente 2001/ 18 / CE 2.

Negó sistemáticamente los casos de contaminación e intentó cargar los costes asociados a la contaminación a los agricultores contaminados y no a las empresas que contaminan.

Propuso unas medidas de “coexistencia” entre la agricultura modificada genéticamente, la convencional y la ecológica diseñadas para garantizar la contaminación irreversible.

Defendió los intereses de la industria biotecnológica en las votaciones en el seno de la UE, hipotecando el futuro de la agricultura convencional y ecológica española y poniendo en peligro la salud de los consumidores y del medio ambiente.

Ignoró con arrogancia las voces críticas con los OMG.

El problema del monitoreo errático o inexistente es que nadie sabe con certeza qué consecuencias medioambientales puede tener, a través de alimentos o cultivos, la propagación de organismos modificados genéticamente. Las grandes empresas tienen a sueldo los llamados “expertos científicos” cuya labor es asegurar a la opinión pública de que no hay peligro de contaminación. Pero estas empresas controlan los mercados y obtienen inmensos beneficios. Sus intereses no siempre coinciden con los intereses de la sociedad en general. De hecho, muchas de estas multinacionales tienen historiales que no suscitan excesiva confianza.

Según la Royal Academy británica (la academia nacional de las ciencias), los cultivos MG deben ser sometidos a un estricto proceso de monitoreo durante varios años, y se advierte a los ministros que no deben asumir que el cultivo de estos organismos podrá funcionar correctamente y simplemente esperar no equivocarse. Este aviso debería servir como guía para el gobierno español también. Pero quizá sea demasiado tarde en nuestro caso.

Greenpeace España indica que: “A partir de marzo de 2004, el nuevo gobierno prometía que se establecerían unas normas que permitirían a la agricultura convencional y a la ecológica sobrevivir frente a la continua agresión de las corporaciones de los transgénicos, se respetaría el derecho de los consumidores a elegir su alimentación y se minimizaría en lo posible el impacto ambiental de estos cultivos. Si bien se mejoró la postura de España en las votaciones europeas, el Ejecutivo sigue permitiendo el cultivo de maíces transgénicos sobre los cuales existen dudas acerca de su seguridad y ha aprobado 14 nuevas variedades”.

Transgénicos USA

“El plan maestro de Estados Unidos es imponer alimentos MG a todo el mundo”, advertía el titular de un artículo de John Vidal en el Guardian de Londres hace dos meses. La inmensa presión ejercida por las multinacionales de la “biotecnología”, junto con la del gobierno estadounidense y sus agricultores fuertemente subsidiados, es difícil de combatir. Tanto, que en febrero, tras años de reuniones secretas, la Organización Mundial de Comercio falló que Europa había impuesto un bloqueo de facto contra importaciones de alimentos MG entre 1999 y 2003, en violación de las reglas de la OMC. También declaró que Austria, Francia, Grecia, Italia y Luxemburgo no tenían derecho a imponer sus propios embargos unilaterales.

No será porque la Comisión Europea ha defendido los intereses de los países miembros, ya que ha apoyado los cultivos de OMG en contra de los deseos regionales. Su modus operandi parece ser “contaminar, luego legislar”, según Helen Holder, experta en OMGs de Friends of the Earth Europe. No obstante, la oposición en Europa (sin contar a España) sigue creciendo. Austria y Grecia están totalmente opuestos a los cultivos, el primer ministro de Polonia ha prometido mantener a su país libre de OMGs, e Italia ha denunciado la decisión de la OMC como “desequilibrada”.

Y lo más importante, los gobiernos locales y regionales europeos (siempre sin contar a España) están totalmente opuestos a estos cultivos. Según Vidal: “Más de 3.500 consejos electos en 170 regiones de Europa se han declarado libres de MG”. En España, la gente se opone pero los gobiernos no escuchan.

De hecho, Friends of the Earth Europe y Greenpeace acusan a la Comisión Europea de aprobar cultivos y alimentos MG sabiendo que existen serias dudas sobre su impacto sobre la salud y el medioambiente, y sabiendo también que en una reciente encuesta, casi dos tercios de los europeos tienen preocupaciones sobre la seguridad de alimentos MG.



El propio Comisionado del Medio Ambiente europeo, Stavros Dimas, declaró en abril que la Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria (EFSA) manejaba información errónea sobre los riesgos de los cultivos MG, alegando que dependían demasiado de los datos aportados por la industria biotecnológica. “Existen preguntas como, por ejemplo, si las opiniones científicas ofrecidas por EFSA han dependido exclusivamente de información proveída por empresas que miran a los efectos a corto plazo”, dijo el Comisionado. “EFSA no puede ofrecer una sólida opinión científica sobre los efectos a largo plazo de los OMGs. También existen dudas sobre si las empresas de OMGs están ofreciendo información correcta a la Comisión Europea”.

Estas palabras deberían congelar la sangre de cualquier legislador europeo, especialmente de cualquier político español. Pero en España los responsables de política de OMGs parecen preferir escuchar precisamente a los científicos que ofrecen información favorable hacia los transgénicos. Un buen ejemplo de esto es la ascendencia de personas como Paul Christou, asesor de la Comisión Europea sobre transgénicos e investigador de Producción Vegetal y Ciencia Forestal en la Universidad de Lleida. Según Christou, “La falta de seguridad alimentaria en los productos transgénicos es una estrategia inventada por las organizaciones ecologistas (…) La verdadera razón por la que en Europa hay una resistencia al cultivo de alimentos transgénicos es la política proteccionista que se ha impuesto desde la Unión Europea. Si la agricultura europea no recibiese ayudas económicas, no podría subsistir porque el precio de los cereales que se obtienen en otras zonas del mundo es mucho más bajo y competitivo”.

Esto, de un experto estadounidense, y de acuerdo con las observaciones de John Vidal, representa la punta de lanza de las fuertemente subsidiadas multinacionales estadounidenses para hacerse los amos de toda la alimentación y cultivo global basado en biotecnología “patentada”, que roba a los pequeños agricultores su herencia medioambiental apropiándose de la biodiversidad global, y los convierte en consumidores sin opción de elección libre. A esto aludía también el Comisionado Dimas. El experto Christou es un ejemplo del tipo de fuente en que confían los órganos oficiales de la UE, del estado español y de los gobiernos autonómicos.

Frankempresas

Cuando hablamos de las empresas multinacionales que controlan (o intentan controlar) la biodiversidad global a través de la ingeniería genética, estamos hablando de empresas cuya trayectoria estratégica no coincide con buenas prácticas sociales y medioambientales.

Para empresas enfocadas exclusivamente en obtener ingresos y en dominar el mercado, los intereses de la sociedad, los intereses de los stakeholders (personas o grupos influidos por las acciones de la empresa) no son prioridades. Perciben estándares y regulaciones de seguridad como costos innecesarios, y hacen todo lo posible para evitarlos. Por esto, y porque muchos países erigen barreras para protegerse de ellas, las multinacionales buscan esos países en los que les es relativamente fácil operar a su antojo, ya sea porque no tienen un buen sistema regulatorio o instituciones fuertes (caso de España), o porque la corrupción es endémica y les permite operar con impunidad (caso de países en vías de desarrollo). Uno de los casos más horrorosos fue el de Bhopal, India, donde la multinacional Union Carbide toleró sistemas de seguridad ineficaces que provocaron una explosión y una fuga de gas tóxico que mató a miles de personas y causó una catástrofe medioambiental.

Union Carbide luego fue comprada por Dow Chemical, cuyo afiliado Dow AgroSciences experimenta con transgénicos en España. Dow, además de traficar en OMGs, es una de las mayores productoras de pesticidas en el mundo, y figura en una lista publicada por la ONU en 2001 que denunciaba la existencia de más de “500.000 toneladas de pesticidas prohibidos o caducados que ponen en peligro la salud de millones de personas y del medio ambiente en casi todos los países en vías de desarrollo y países en transición”.

“Muchos stocks (de pesticidas) están situados en los campos de cultivadores y en pozos en zonas rurales pobres, cerca de las casas, los almaneces de alimentos y los mercados en zonas urbanas”, alegaba Alemayehu Wodageneh, experto de la ONU. “Abandonan los almacenes, y los dejan en condiciones muy peligrosas”.

En esa lista figuraban otras multinacionales como Aventis, BASF, Bayer, Dow AgroSciences, Dupont, Monsanto, Sumitomo and Syngenta. Muchas de éstas son las que experimentan con transgénicos en España. Es evidente que existen motivos para estar preocupados.

Quizás el líder en el mundo de los transgénicos (y aparentemente la “biotech” más activa en España), y además buen ejemplo de una empresa claramente antisocial es Monsanto, o “Monsatán” como la apodan sus detractores más estridentes. Un jurado de Alabama, al declararla culpable de contaminación en la ciudad de Anniston con PCBs y de haber ocultado sus actividades criminales durante décadas (entre 1929 y 1971), dijo en 2001 que la conducta de Monsanto había sido “atentatoria”, conducta definida en documentos legales del estado de Alabama como “tan grave en carácter y extrema en grado como para pasarse de todos los límites de decencia y ser considerada atroz y absolutamente intolerable en una sociedad civilizada”.

Si estas son algunas de las empresas en las que se nos pide que confiemos la seguridad medioambiental y biológica de nuestros alimentos, nuestros cultivos y nuestro planeta, quizás deberíamos pedir al gobierno español y a los gobiernos autónomos que al menos escuchen las palabras del Comisionado Dimas.

“Las aplicaciones para el cultivo de productos MG representan una serie enteramente nueva de posibles riesgos medioambientales, con notables efectos de largo alcance que pueden atentar contra la biodiversidad. Es esencial que consideremos estos riesgos potenciales antes de aprobar su cultivo”. Con esto el Comisionado aludía a la directiva de 2001 sobre experimentación genética. La Unión Europea sigue aprobando cultivos transgénicos a escala menor (la excepción es España, donde se cultiva el único maíz transgénico comercializable), pero estos cultivos fueron aprobados antes de 1998, cuando la UE impuso su moratoria no-oficial de seis años.

Y para científicos y apologistas de multinacionales irresponsables, quizás las palabras de Richard Dawkins, que algo sabe de genética, les pueden servir de ejemplo. Según él, con transgénicos, es imprescindible abogar racionalmente en favor de pruebas rigurosas de seguridad. “Ningún científico reputable se opondría a tal petición. Esto debe ser rutina para cualquier producto nuevo, no sólo los que han sido modificados genéticamente”.

Más info:
www.greenpeace.org
www.gmcontaminationregister.org
www.guardian.co.uk
www.foeeurope.org
www.pubs.acs.org



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